Aprueban juicios orales en materia mercantil

Por Mónica de Hernández 

Con 81 votos a favor, el pleno  del Senado aprobó la minuta que reforma el Código de Comercio, para incorporar los juicios orales en materia mercantil al sistema de impartición de justicia.

En tribuna, el senador del PRD, Tomás Torres, sostuvo que las reformas a esa legislación permitirá que ese tipo de juicios se tramitarán en “todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a 220 mil 533 pesos 48 centavos, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda”.

“Lo anterior implica que los jueces orales conocerán de asuntos que los jueces de cuantía menor no conocían en razón a su competencia por cuantía”, se menciona en el documento.

Los senadores consideraron que en la administración de justicia la sociedad debe contar con juicios expeditos cuya tramitación sea dinámica y ágil y en los que exista certidumbre jurídica e integralidad en las resoluciones judiciales.

En este sentido, subrayaron que la oralidad es el instrumento eficaz para eliminar muchas de las dificultades en la administración de justicia, pues permiten el contacto directo de las partes con el juez y genera confianza y transparencia en los procesos y decisiones judiciales.

Al respecto, el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, dijo que el rezago de juicios por cobro de letras, pagarés o algún documento mercantil en los juzgados civiles ordinarios “es enorme”.

Agregó que la reforma permitirá resolver los juicios en materia mercantil por la vía oral y “evitar todo el largo proceso que se tienen en el juicio civil ordinario”.

Por el PRD, el senador Tomás Torres Mercado indicó que se pretende transitar de procedimientos formales, donde se escribe todo, a procedimientos orales; sin embargo, aún éstos últimos necesitan un medio objetivo de respaldo para registrar lo que se plantea en ellos, así como de fuentes de financiamiento para lograr su objetivo.

El legislador se pronunció porque la reforma “se convierta en un ejercicio de confianza en el sistema de justicia mercantil en México”.

Los senadores consideraron procedente dotar al juez de atribuciones de dirección para la conciliación de las partes, con el propósito de solucionar las controversias planteadas ante los tribunales de manera más rápida.

También incluyeron una disposición específica que regula los medios de apremio para subsanar un vacío que ha prevalecido en el Código de Comercio desde su expedición en 1889 y  los elementos necesarios para que el juzgador pueda hacer cumplir sus determinaciones, sin necesidad de acudir a otros textos legales.


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