México, D. F., a 10 de mayo de 2012.- El médico, periodista y senador de la República Belisario Domínguez Palencia, fue cruelmente masacrado el 7 de octubre de 1913 por personajes cercanos al presidente Victoriano Huerta, luego de que, desde la Cámara Alta, se convirtió en un activista en contra del régimen de quien se transformaría en efímero dictador.
Sus discursos del 23 y 29 de septiembre son especialmente recordados por su franqueza en la señalización de la ilegal toma del poder por Huerta, tras asesinar a Madero y Pino Suárez.
El periodista Manuel Buendía Tellezgirón, autor de la muy leída columna política Red Privada en el diario Excélsior, fue asesinado el 30 de mayo de 1984 por individuos ligados a la policía política del gobierno del presidente Miguel de la Madrid.
Los temas que cotidianamente abordaba en su columna iban desde las intrigas de la CIA en nuestro país, pasando por la crítica a la ultraderecha pero, ante todo, sobre el narcotráfico y la corrupción gubernamental, éstos dos últimos sucesos que ya se entremezclaban de manera francamente visible en aquellos años.
Estaba por publicar, dicen quienes fueron sus amigos cercanos, sobre las relaciones de políticos de alto nivel con el narcotráfico en sus últimas columnas mencionó que obispos hicieron notar sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder.
El asesinato de los 93 comunicadores de 2000 a la fecha, ¿por qué tendría que ser diferente y achacársele totalmente al crimen organizado, salvo que crimen organizado y poder político hoy se asuman como uno solo?
En la gran mayoría de ellos existe una constante: eran periodistas incómodos para los servidores públicos de los gobiernos federal, estatales y municipales y/o políticos y partidos.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los periodistas como Artículo 19, advierten que al menos en el 86 por ciento de los casos el asesinato de los compañeros periodistas está relacionado precisamente con funcionarios públicos, políticos o partidos políticos.
No puede dejar de manifestarse que de forma sorprendente, varias publicaciones independientes en los estados, han sido objeto de retiro masivo de sus ediciones de los lugares donde se expenden (Proceso documentó al menos tres en Veracruz durante los últimos 14 meses); o la falsificación de las publicaciones (Luces del Siglo en Quintana Roo); ataques a sus sitios de Internet (Noticaribe, Dossier Político); o reciben amenazas directas como los integrantes la revista Zeta o del portal de noticias Diez4 en Tijuana o sus instalaciones son atacadas como más de una decena hubo en el último año, precisamente cuando han sido críticos a los gobiernos estatales que tienen silenciada a otra parte de la prensa, bajo la amenaza de retirarles la publicidad si no repiten sólo sus boletines.
De acuerdo con un estudio realizado por Remberto Hernández, presidente del Colegio de Periodistas de Jalisco, A.C. al mes de marzo de 2010 contabilizaba 169 de los que se tiene referencia en la historia de México, más los 25 de aquella fecha al día de hoy, en total han ocurrido 194 asesinatos de periodistas.
Durante los gobiernos del PRI, de 1946 a 2000, época donde prácticamente no existió competencia por el poder fuera del mismo partido, fueron 44 los periodistas sacrificados.
En prácticamente todos ellos existe una constante. Las procuradurías estatales tienen bien ensayado el numerito con todo y guión y antes apenas iniciadas las investigaciones decretan: “De acuerdo con las primeras averiguaciones del crimen, hay indicios suficientes para presumir la participación de la delincuencia organizada”.
Pero, ante la mezcla actual entre poder político y crimen organizado, ¿por qué habría de ser diferente a los crímenes de Belisario Domínguez y Manuel Buendía?
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(*) Esta columna fue publicada en los diarios El Economista, La Crónica, Rumbo de México y La Crisis entre 1997 y 2006. Renato Consuegra es ganador del Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México.
