Inhabilitan por 20 años a funcionarios de la SCyT

  • Los ex empleados expidieron revalidaciones de licencias de piloto aviador y certificaciones de capacidades en forma irregular

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril (notimex).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 20 años para trabajar en el gobierno federal a seis servidores públicos adscritos a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT).

Una investigación del Organo Interno de Control de la SCT, dependiente de la SFP, reveló que los seis ex empleados expidieron revalidaciones de licencias de piloto aviador y certificaciones de capacidades en forma irregular.

La SFP detectó diferencias entre las fechas de certificación de los pilotos y la documentación en sus expedientes; es decir, que no cumplieron con los requisitos para revalidar sus licencias y su certificación de capacidades.

En un comunicado, indicó que en la investigación -que contó con apoyo y colaboración de la SCT- se descubrieron inconsistencias entre las bitácoras de los pilotos y las de los aviones que supuestamente usaron para su adiestramiento.

Las bitácoras de las aeronaves registran detalles de la navegación aérea: rumbo, velocidad, maniobras realizadas durante la práctica y horas de vuelo.

Así, las diferencias permitieron a SFP constatar que los involucrados expidieron documentos oficiales a personal que no cumplió con el tiempo necesario de entrenamiento.

Además, la investigación descubrió que las Comandancias de Aeropuertos avalaron indebidamente el proceso de revalidación de licencias, pues no tienen las facultades legales para hacerlo.

Los sancionados ocupaban los cargos de comandante de la VI Región, con sede en Toluca; comandante del Aeropuerto de Toluca, y un profesional dictaminador de Servicios Especializados que fungía como inspector, así como otros tres que hacían labores de inspectores verificadores.

El documento indica que, además, la SFP denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a dos inspectores verificadores: a uno por presunta falsificación de documentos y a otro por presunto uso indebido de atribuciones y facultades.

Dichas denuncias penales podrían hacerlos acreedores a sanciones hasta por 12 años de prisión y hasta por 300 días de multa, uno de ellos; y hasta por ocho años de prisión y 300 días de multa, el otro.


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