Pide la ONU a México ‘en corto plazo’ el retiro del Ejército de las calles

  • El grupo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió hoy al Gobierno mexicano que considere la retirada de las fuerzas militares

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo (EFE).- El grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió hoy al Gobierno mexicano que considere “en el corto plazo” la retirada de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.

Tras concluir una visita a México, este grupo de expertos señaló que las desapariciones forzadas en el país han sucedido en el pasado “y continúan ocurriendo en la actualidad”.

Tras concluir una visita a México, el grupo de expertos señaló en el informe preliminar que las desapariciones forzadas en el país han sucedido en el pasado “y continúan ocurriendo en la actualidad”.

“La lógica del Ejército y la Policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deberían ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados”, dice el documento del GTDFI.

Añade que el personal militar no está entrenado para realizar actividades propias de la Policía o interactuar con civiles.

En su visita de 14 días al país, del 18 a este 31 de marzo, el Grupo de Trabajo recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas: mientras que grupos civiles reportan tres mil casos desde 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que se ha pasado de 4 quejas en 2006 a 77 el año pasado.

“No es de extrañar que el número de quejas (por violaciones a los derechos humanos) recibidas por la CNDH relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional haya aumentado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008”, agregó el documento.

El Gobierno del presidente Felipe Calderón, cuyo mandato inicio en 2006 y concluye en noviembre de 2012, estableció como estrategia central el combate al crimen organizado, en particular el narcotráfico, desplegando a miles de militares y agentes federales en distintos puntos del país.

El Grupo de Trabajo, integrado por Jasmina Dzumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, indicó que su propuesta de retiro del Ejército mexicano en el “corto plazo” de acciones de seguridad pública comprende que este debe darse de manera ordenada para que la Policía garantice la seguridad en aquellas zonas donde ha sido desplegado.

Los expertos visitaron Ciudad de México, Chihuahua y Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo (Guerrero) y Saltillo (Coahuila).

En su estancia encontraron que “no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas”.

Además, “pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel del Gobierno” para atender este delito, que por otra parte solo está tipificado como tal en siete de los 32 estados del país.

Esta última situación, dijo el grupo, contribuye a la impunidad.

Sobre el periodo de la “Guerra sucia” (represión contra activistas y guerrillas de izquierda entre 1960-1980), indicó que la CNDH investigó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas y concluyó que en 275 se acreditó la existencia de la desaparición forzada.

Otras fuentes, dijo, señalan que en ese periodo hubo entre 797 (Fiscalía de Delitos del Pasado, ya desaparecida) y mil 350 casos.

El Grupo de Trabajo de la ONU encontró que entre la población vulnerable a este delito están mujeres, menores, inmigrantes, periodistas, activistas sindicales y defensores de los derechos humanos.

Entre 34 recomendaciones al Estado mexicano, los expertos pidieron la aprobación “a la brevedad” de una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todos los estados del país.

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