No funcionan las instituciones que nos hemos dado como contrapesos del poder

Edna Jaime, directora de México Evalúa, laboratorio de pensamiento y análisis.Edna Jaime, directora de México Evalúa, laboratorio de pensamiento y análisis.

Entrevista con Edna Jaime. Directora de México Evalúa

Por Genaro R. Navarrete

  • El INE se ha debilitado porque el nombramiento de sus titulares pasa por cuotas entre partidos
  • Estamos siendo muy generosos al hablar de México como una democracia
  • En estas elecciones veremos si los candidatos tienen la estatura de estadistas, reformistas o  administradores del statu quo

Edna Jaime, directora de México Evalúa —laboratorio de pensamiento y análisis—, argumenta que un verdadero cambio de régimen implicaría poner al ciudadano en el centro de la política, sin olvidar la importancia de controles efectivos del poder, auténtica rendición de cuentas y órganos autónomos fuertes, capaces de cumplir con el mandato por el cual fueron creados.

En entrevista explica la gran apuesta que significa el Sistema Nacional Anticorrupción, los problemas que enfrentan los cuerpos policiacos y los ejes de la campaña #MxSinHomicidios.

Edna Jaime es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Como consultora se ha especializado en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Ha dirigido y colaborado en más de 30 obras.

¿Qué significa la “captura institucional”?

—Las instituciones que nos hemos dado como contrapesos al poder, no funcionan. No funcionan los organismos que castigan el abuso del poder. No hemos transitado por la ruta de generar instituciones autónomas, abstraídas de la lógica del poder para que cumplan con su mandato. Dichas entidades se capturan a través del nombramiento de sus titulares y del financiamiento.

Pensemos en el Instituto Nacional Electoral (INE), que en su momento fue el estandarte, la institución con la que inauguramos nuestra democracia electoral, se ha ido debilitando porque los nombramientos de sus titulares pasan por cuotas entre partidos y su financiamiento lo decide el propio Congreso de la Unión. La designación de sus directivos y su diseño, no permiten abstraerlo de la lógica del poder y la lógica política.

Otro ejemplo es la Fiscalía Anticorrupción. Podríamos tener una gran fiscal anticorrupción, libre de toda sospecha, una persona íntegra; pero tenemos una entidad que no tiene recursos humanos, tecnologías, peritos para hacer investigaciones complejas, como seguir la huella del dinero producto de un acto de corrupción. La pregunta es: ¿cómo vamos a operar un cambio sustantivo en la estructura de poder y la política mexicana sin instituciones autónomas?

Creo que debemos cuidar los organismos autónomos en dos sentidos: que no sean capturados y dotarlos de las atribuciones necesarias para que puedan cumplir con su mandato. Otorgarles los liderazgos que los puedan mover en esa dirección. Tenemos que fortalecerlos con servicio civil de carrera y recursos. Que no estén sujetos a lealtades políticas ni a cuotas partidistas.

¿Qué opina del diagnóstico que infiere: el Sistema Anticorrupción presenta síntomas alarmantes de debilidad?

—Creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es una gran apuesta. El corazón de ésta reforma es fortalecer las instituciones con las que ya contamos: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) con atribuciones renovadas. Queremos que los contralores de las dependencias estén mejor capacitados, certificados, nombrados por la SFP. Y que la justicia administrativa funcione mejor. Instituciones que van articuladas por un Comité Coordinador. Antes eran instancias fragmentadas, sin comunicación entre sí. Ahora deben tener la suficiente distancia; pero de los entes que tienen que controlar, vigilar y eventualmente sancionar. Si no lo logramos, será un intento fallido.

Al Sistema Anticorrupción se le ha criticado por abrir la puerta a más burocracia.

—Es cierto que se crea más burocracia porque se instituye un secretariado, pero el Sistema Nacional Anticorrupción está bastante acotado. En su diseño se buscó no generar una burocracia onerosa. Pero finalmente, será costoso o no dependiendo de los resultados que nos dé a los mexicanos. Si nos da más de lo mismo será muy costoso. Si logra revertir la lógica de impunidad, de abuso del poder sin sanción, entonces nos habrá salido muy barato. 

Se advierte en la opinión pública que cada vez hay una mayor especialización por quienes cometen actos de corrupción aprovechando los vacíos legales.

—Sí. Tenemos lagunas en nuestras leyes que lo permiten. Por ejemplo, en una licitación pública, se exceptúa el proceso de subasta cuando se contrata a otro ente público. Como a las universidades públicas que se les han destinado recursos para ciertos bienes y servicios. Ahí tenemos un punto muy débil en la Ley de Adquisiciones y la Ley de Contratación de Obras Públicas. Es muy importante, si queremos combatir la corrupción, tener identificado el mapa de riesgos. Tal vez no vamos a acabar con toda la corrupción en el país; pero sí ubicar dónde están los puntos neurálgicos de estos actos. Y sospecho que se encuentran en las áreas de contratación y adquisición, y en ciertos sectores. Entonces tienen razón los críticos del Sistema Anticorrupción porque de nada servirá haber construido éste edificio, si dejamos la puerta trasera abierta para que entren los corruptos.

¿Cuál es su punto de vista de la ecuación: ‘a más armas, más violencia’?

—Hay evidencia científica que demuestra la relación. Aunque para el caso mexicano no estoy segura que tengamos trabajos académicos. Lo que sí puedo afirmar es que los homicidios en México se realizan cada vez más con armas de fuego. Riñas callejeras que antes se resolvían con golpes, ahora se resuelven con armas. Los grupos criminales están armados hasta los dientes. Tienen armas de alto poder que pueden derribar un helicóptero del Ejército mexicano. Si no se detiene el flujo de armas en el país, al combatir a los grupos criminales llevamos una gran desventaja. Ellos están mejor equipados que nuestras policías estatales o municipales.

¿Los cuerpos policiacos en todo el país pasan por una situación crítica?

—Me sorprendió mucho en diciembre, al revisar notas periodísticas por internet, encontrar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) diera a conocer un diagnóstico muy bueno; pero al que debemos hacerle algunas observaciones. En primer lugar, que haya llegado el último año de gobierno. El propio estudio aclara que a principios de 2017 se empezó a trabajar en los estados con base en ese diagnóstico y resalta un problema muy grave de falta de capacidades en nuestras instituciones civiles de seguridad. Una de las conclusiones refiere la falta de la mitad de los elementos para tener un estándar bajísimo de 1.8 elementos por cada mil habitantes. A nivel de los estados, la mayoría no tiene las competencias para ser policía, manejar un arma o un protocolo de atención a la violencia contra las mujeres. No tenemos academias y las que hay, no cuentan con lo básico para poder llamarlas así. Además no se cumple lo establecido por la ley en materia de prestaciones y sueldos para policías. Tenemos un déficit monumental.

Es preocupante porque el policía es el primer respondiente y primer contacto de nuestro sistema de justicia. Cómo queremos restaurar la confianza en las policías sin capacitación para interactuar con los ciudadanos. Cómo vamos a enfrentar al crimen.

No hay forma de darle un vuelco a la estrategia de seguridad sin fortalecer nuestras instituciones civiles. Las policías locales son tan débiles como fácilmente capturables. No tienen manera de hacer frente a grupos criminales con capacidad de fuego infinitamente superior. Aquí se aplica la ley de ‘plata o plomo’.

¿Qué perfil tendría un cambio de régimen para México?

—Para mí un cambio de régimen es transformar la estructura de poder. Vinimos del monopolio de poder por parte de un partido político y ahora transitamos a otro equilibrio donde un grupo de partidos se reparten los privilegios, pero el ciudadano no aparece.

Un cambio de régimen es fracturar este equilibrio donde los partidos y los políticos se benefician del estado de cosas y al ciudadano le llega muy poco.

Cambiar el régimen es poner al ciudadano en el centro de la política. Un sistema donde la rendición de cuentas sea realmente efectiva.

Necesitamos un gran “músculo ciudadano” que provoque el cambio. O requerimos una crisis que obligue al sistema a cambiar radicalmente. No me gustaría llegar a ninguno de estos temas extremos. Ojalá podamos ir caminando por la vía incremental. Generar instituciones que funcionen poco a poco. No soy rupturista. Ni creo que sea lo que más le conviene al país. Soy más reformista que rupturista.

¿En qué momentum se encuentra la democracia mexicana?

—Estamos siendo muy generosos al hablar de México como una democracia. Creo que estamos en medio. Tampoco podemos decir que es un régimen cerrado o autoritario, porque ya no lo es. Podemos conversar de muchas cosas. Nuestra prensa, aunque está controlada, tenemos resquicios donde la libre expresión funciona. Tenemos redes sociales. Instituciones como México Evalúa. Hay muchas organizaciones sociales. Se respira una efervescencia social. Entonces creo que estamos cerca de lograr un cambio importante. Que ya se dieron pasos muy relevantes. Que avanzamos en nuestra democracia electoral. Entonces, creo que no debemos darnos por vencidos y seguir insistiendo en el cambio reformista. Ojalá se alienaran los astros para que este ímpetu ciudadano se vea correspondido por un liderazgo en lo político.

Estas elecciones puede ser una ventana de oportunidad. Veremos si los candidatos tienen la estatura de estadistas, de reformistas y no de administradores del statu quo.

¿En qué consiste la campaña #MxSinHomicidios?

—Es parte de una iniciativa regional que se titula “Instinto de vida”. Participan siete países. La campaña tiene dos objetivos: Primero, llamar la atención del público sobre la violencia. La violencia no es normal ni es natural. Y segundo, lograr el compromiso de los políticos para que se comprometan con una meta de reducción de homicidios de 50 por ciento en diez años.

También necesitamos opciones de política pública para lograr esos propósitos.

Queremos poner en el debate público nuevas ideas que redunden en un cambio de estrategia.

Podemos abrevar de otros casos y es la oportunidad con el cambio de gobierno que se viene para replantear el combate a la violencia.

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