PJF convertido en ‘negocio familiar’

 

Luego de que en julio pasado quedó al descubierto que hijos, papás, mamás, sobrinos, tíos, cuñados, suegras y hasta “amiguitas”, de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en juzgados y tribunales de todo el país, los recintos judiciales federales de la Ciudad de México no podían quedar atrás y ahora sale a la luz pública estos “enjuagues”.

El estudio elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que finalmente es lo mismo, sólo que la primera está a cargo de los administrativo y asignación de cargos, mientras que la segunda de la impartición de justicia–, sólo reveló resultados de 31 estados, no así de la capital del país.

Cabe recordar que el documento enlistaba los datos de 112 jueces y magistrados, que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa, pareja o “amiguita”, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

Prueba de ello, es que el magistrado Manuel Barcena Villanueva, adscrito al Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal desde hace 17 años, hace un año se divorció. Pero como no fue su intención darle algún bien a su ex esposa, Olivia García, decidió por conseguirle trabajo en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral.

Sin embargo, el magistrado Jorge Villalpando Alderete, adscrito a este último tribunal, le exigió a Barcena Villanueva, que cambio del “favor”, nombrara como oficial a Luis “N”, mientras que a su “novia”, Alejandra Contreras, la colocara como particular de la juez Décimo sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal, Jazmín Eréndira Ruiz Ruiz.

Para ello, la impartidora de justicia despidió a su particular Laura Ledezma, así como a los secretarios: Rodolfo Antonio Becerra Juárez, Arturo Baca Contreras y Denis Huerta Reyes, hijos de magistrados del fuero común, de quienes la juez federal, Jazmín Eréndira, no tenía vínculo ni compromiso alguno.

Por su parte, el magistrado Ricardo Paredes Calderón, adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, actualmente es investigado por el Consejo de la Judicatura Federal, al establecer que uno de sus hermanos, quien laboraba en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, vendió una plaza de oficial secretario en 50 mil pesos.

Para ello, revelaron empleados judiciales entrevistados por Ciudad Capital, el responsable presuntamente falsificó el sello oficial y la firma de Carlos Enrique Rueda Dávila, adscrito a dicho Octavo Tribunal.

Aunque para evadir el problema, el propio Paredes Calderón pagó ese dinero para salvar a su hermano, y pidió como favor al magistrado Rueda Dávila aceptar el cambio de su empleado, por lo que éste quedó adscrito al magistrado Roberto Ramírez Ruiz, adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien a cambio este le envió a la oficial Teodora Chávez, de quien se dice mantiene una relación personal con el impartidor de justicia.

Aclararon los entrevistados, que el estudio del Consejo de la Judicatura Federal, “no es ni la mitad de las ‘cochinadas’ que ocurren en el Poder Judicial Federal”, donde ninguna persona ajena a “la familia” de jueces, magistrados y, ¿por qué no?, ministros, puede entrar a laborar a esos lugares, donde por lo menos siete mil 148 servidores comparten espacio laboral con sus parientes.

Y aunque el documento identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, no proporciona sus nombres, pero las fuentes de El Zócalo DF se comprometieron a proporcionarlas en los próximos días.