Entre la violencia y la migración: el plan que no alcanza

Norteamérica / Centroamérica: 

Rodrigo Yedra

ALAI AMLATINA, 06/10/2017. La injerencia del gobierno de Estados Unidos en América Latina y el Caribe ha sido compleja y problemática a lo largo del siglo XX.  El derecho de intervención para garantizar el cumplimiento de la democracia, así como mantener la seguridad en la región, han servido como pretextos para ejercer presión diplomática y militar, llegando a imponer sanciones económicas e incluso desplegar fuerzas de ocupación en casi cualquier país latinoamericano y del mundo.

En pleno siglo XXI surge un nuevo andamiaje de planes económicos, iniciativas militares y acuerdos políticos que buscan consolidar nuevamente la presencia hegemónica de Estados Unidos en la región.  A decir del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) “la ayuda estadounidense a la región responde directamente a las prioridades políticas de los Estados Unidos, en particular la ampliación de asistencia para Centroamérica”. (CBJ, 2016)

Es en este contexto que surge el Plan de la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte (PAPTN), propuesto en 2014 ante el Congreso de Estados Unidos por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.  Este Plan, apoyado por el gobierno de Obama y asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como líneas estratégicas desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, dinamizar el sector productivo y fortalecer las instituciones.

El antecedente directo de la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte se puede ubicar, primero, en el despliegue económico y militar que estableció el gobierno de Bush en 2008 mediante la Iniciativa Mérida.  Después, en 2010, el gobierno de Obama lanzó la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI).  Ambas señalaban la importancia de fomentar el desarrollo de los países de la región por medio de inversiones y con ello mejorar la seguridad, desalentar la migración, disminuir la violencia y el tráfico de drogas.

De acuerdo con el WHA, los programas impulsados dieron prioridad a objetivos críticos de seguridad nacional de EEUU, entre ellos prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y humanos y los actos de terrorismo.  Con la llegada de Trump a la Casa Blanca el WHA incluyó algunos lineamientos referidos a los acuerdos comerciales bilaterales, que apoyará siempre y cuando “respeten la soberanía nacional de los Estados Unidos y promuevan la inversión y el empleo en los Estados Unidos.” (CBJ, 2018)

Nuevamente se ponen a la mesa los temas vinculados con la ayuda económica para los países menos desarrollados, la capacitación y creación de infraestructuras para fomentar la seguridad económica, así como la prevención de contingencias climáticas y el infaltable apoyo y asesoría militar.

La migración como alternativa

La Región del Triángulo Norte (RTN) aporta una gran cantidad de personas que migran, principalmente por la falta de alternativas económicas y la violencia derivada de las agresiones, amenazas, extorsiones o intentos de reclutamiento forzoso de bandas criminales.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de cocaína es la principal actividad ilegal en la RTN, acompañada por la trata, la explotación sexual y el secuestro de migrantes por parte de grupos criminales para exigir rescate.  Los asesinatos en la región sumaron 15 mil en 2016, con una tasa de homicidios de 108 en El Salvador, 63 en Honduras y 35 en Guatemala por cada 100 mil habitantes en 2015, convirtiéndola en una de las zonas más violentas del mundo. (UNDOC: 2014)

A partir del 2014 el incremento de menores de edad que intentaron migrar hacia Estados Unidos generó una alerta debido a que se contabilizaron 50,303 niños procedentes de los países del triángulo (PAPTN, 2015).  La migración interna es otra realidad en la región, el índice de desplazados internos en Honduras sumó 174,000 entre 2004 y 2014. (ACNUR, 2016).

El número de migrantes indocumentados detenidos en México pasó de 61,334 en 2011 a 152,231 en 2016.  De ellos, el 80.7% provenía de los países de la RTN.  En el caso de los menores detenidos se contabilizaron 4,129 en 2011 frente a 40,542 en 2016.  De este total, el 12.7% eran niños menores de 11 años que viajaban sin un adulto acompañante. (MSF, 2017) 

En el ámbito económico las remesas se mantienen como una de las principales fuentes de ingreso familiar en Centroamérica.  En el caso de Guatemala representaron el 10% del PIB en 2016, y se prevé que alcanzará los 7,733 millones de dólares (md) en este 2017.  Por su parte, El Salvador recibió 4,576 md en 2016, el 17% de su PIB y Honduras 3,949 md, equivalentes al 6.0% del PIB.  Dentro de los primeros 10 países a nivel mundial que reciben remesas desde EU se encuentra México (1), Guatemala (6), El Salvador (8) y Honduras (10).  El grado de dependencia que tienen estos países con respecto a las remesas, y la falta de alternativas económicas, mantiene el éxodo anual que sigue en aumento.

La ayuda militar

El presupuesto solicitado por el WHA para el 2018 asciende a 1,1 mil millones de dólares.  Dicho presupuesto se subdivide en 5 grupos principales: 460 md para América Central, 85 md para la Iniciativa Mérida, 251 md para el Plan Colombia, 157 md para Haití, 49 md destinados a Perú y 36 md para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).

El presupuesto asignado para Centroamérica se destinará en 2018 principalmente a los programas de Educación y Formación Militar Internacional (IMET), con un monto de 2,310 md, y al Fondo de Apoyo y Desarrollo Económico (ESDF), con 189,500 md. (CBJ, 2018)

Las operaciones militares en la región han aumentado con la presencia de la Fuerza de Tarea Especial de la Marina Aérea del Comando Sur, la cual desde julio pasado ha realizado actividades en la región, entre ellas la construcción de una instalación de Operaciones Militares en Terreno Urbano en Jutiapa, Guatemala; así como el entrenamiento de proyectos de ingeniería y operaciones de seguridad a sus contrapartes de Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador. (Southcom, 2017)

Además, la conformación de estructuras supranacionales sigue un patrón que facilita y justifica la intervención de fuerzas militares, ejemplo de ello es la conformación de la Fuerza Trinacional contra el crimen organizado, así como las reuniones de Grupos de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) para la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las instituciones con los países de Triángulo del Norte. (CENTSEC, 2017) 

En contraste, a pesar de los financiamientos dirigidos a la región, la violencia no cesa.  Aun cuando Guatemala (22.5%), Honduras (17.3%) y El Salvador (16.3%) recibieron el mayor porcentaje de presupuesto del CARSI entre 2008 y 2012, no ha disminuido la violencia, el índice de asesinatos, ni la migración.

Los proyectos y la ayuda económica

En la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, celebrada en Miami se relanzó la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte.  A pesar de la reducción anunciada por el gobierno de Trump, el BID, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras y el sector privado anunciaron que invertirán 2,500 md en proyectos en energía, transporte, agua y turismo en esos países, algunos de ellos impulsados desde el Fondo Yucatán.[1] 

Entre las críticas presentadas a la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte por el movimiento social, académicos y ONGs señalan la falta de atención a las causas estructurales que provocan la migración.[2]  Proponen que las inversiones deben priorizar el mejoramiento de las condiciones de salud, calidad educativa y seguridad en los municipios con mayor población migrante.  La falta de respuestas comunes que tomen en cuenta a los distintos sectores involucrados en el problema seguirá promoviendo planes, iniciativas y acuerdos que no logren construir propuestas complementarias que no respondan solo al interés del mercado. 

A pesar de las inversiones realizadas y de los planes propuestos, Centroamérica vive uno de sus peores momentos.  La violencia desencadenada por el narcotráfico, la apropiación de recursos naturales por parte de empresas y la falta de instituciones capaces de brindar justicia imparcial a las víctimas de la violencia y que logren combatir la corrupción, mantendrán a la Región del Triángulo del Norte en un círculo de violencia que seguirá alimentando su origen. 

Rodrigo Yedra es miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. 

Fuentes consultadas:

ACNUR (2016) Respuesta regional a la situación del Triángulo Norte de Centroamérica. 

Department of State (2017) Congressional Budget Justification, Foreign Operations, and Related Programs Fiscal Year 2018.

UNDOC (2012) Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas. 

Médicos sin Fronteras (2017) Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: una crisis humanitaria olvidada.

Plan Regional Preparado por El Salvador, Guatemala y Honduras (2015) Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. 

Southcom (2017) SPMAGTF-SC Marines work with Guatemalan counterparts on infrastructure improvement projects. 


[1] Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y los Países del Caribe (Fondo Yucatán).  Desde 2012 a 2017, se han aprobado 129.7 millones de dólares para 16 proyectos en 11 países de CA.  Entre los proyectos impulsados están la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) pertenecientes al Proyecto Mesoamericano.

[2] La falta de claridad sobre el uso de los recursos destinados; la corrupción; mantener la propuesta de desarrollo basada en inversiones en agroindustria, industria extractiva y maquilas promoviendo privilegios fiscales a los inversores; la falta de consulta a la sociedad civil y comunidades afectadas; desarrollar una metodología compartida para trabajar en los municipios más necesitados, los bajos salarios del trabajo formal que contrastan con las ganancias derivadas de trabajo ilegal.